La aplicación de la tecnología a la actividad profesional y empresarial se está produciendo a un ritmo vertiginoso. Esta situación está abriendo nuevos horizontes de negocio, también de retos, que permiten descubrir oportunidades hasta ahora desconocidas. Además, el conocimiento tecnológico nos faculta a predecir -en el ámbito legal- sus riesgos y amenazas, acercarnos a su potencial e incorporar su lenguaje transformador a la actividad profesional.
Los profesionales de la abogacía deben estar formados ante estos cambios sociales y tecnológicos que pueden tener un impacto en los derechos y libertades de las empresas y de los ciudadanos. En la actualidad, los abogados y abogadas están desempeñando un papel primordial en cuanto a la definición del marco de actuación sobre todo en materia de protección y privacidad de datos.
Objetos conectados
Una oportunidad de negocio para los bufetes en su labor de asesoramiento y defensa letrada es el denominado internet de las cosas (Internet of Things o IoT), una de las tecnologías que mayor nivel de desarrollo está teniendo en los últimos años.
A pesar de los avances en esta actividad tecnológica, se estima que sólo estamos ante un pequeño anticipo de lo que será el futuro de un mundo “hiperconectado” en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida.
El número de dispositivos conectados a nivel mundial crece año tras año. Se estima que de aquí a 2024 se duplique su número de dispositivos interconectados, pasando de los actuales 30 mil millones a más de 62 mil millones.
La realidad es que caminamos hacia un mundo “hiperconectado” en el que prácticamente cualquier actividad que desarrollemos estará reportando datos que tendrán un posterior almacenamiento y tratamiento de los mismos.
El mercado de IoT en España ha crecido en 2020 hasta superar los 23 mil millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 17,9%. Ante esta importante presencia tecnológica, los principales retos para los profesionales de la abogacía consisten en garantizar la privacidad de las personas y trabajar para conseguir que los fabricantes se responsabilicen en el desarrollo de soluciones seguras.
España no es ajena a los problemas de seguridad y hackeo de estos dispositivos. El desarrollo tecnológico de estas herramientas tecnológicas está suponiendo que se multipliquen los riesgos relativos al almacenamiento y uso de los datos que se generan, con un incremento del asesoramiento en protección de los equipos tecnológicos.
A esta situación, hay que añadir el gran problema que tienen buena parte de estos dispositivos sobre los fallos de seguridad, que permiten el fácil acceso a los mismos por parte de personas no deseadas. En este sentido, la irrupción del vehículo conectado ha hecho que en los últimos años se incremente de manera muy importante el robo de vehículos en nuestro país, especialmente por el hackeo de los dispositivos que permiten la apertura automática de estos.
Los despachos de abogados ya están trabajando en potenciar el asesoramiento para la elaboración de términos y condiciones de uso de producto para fabricantes de dispositivos incorporados en vehículos, la elaboración de cláusulas para la limitación de responsabilidad para los desarrolladores de software y asesoramiento a fabricantes y comercializadores de vehículos que incorporen sensores y software conectado sobre las limitaciones de uso de los datos personales y no personales.
La gran cantidad de datos que los dispositivos inteligentes pueden recopilar, almacenar y generar por ellos mismos es sorprendente. El problema radica en que en el ciclo de tratamiento de datos personales del IoC participan muchos actores y es muy fácil que los usuarios pierdan el control sobre sus propios datos personales.
En este sentido, existen varios riesgos que afectan directamente a clientes potenciales de los bufetes como son el rastreo, elaboración de perfiles, ataques de DoS o malware. Los profesionales que se dediquen a este asesoramiento deberán garantizar que los datos de carácter privado de ciudadanos -pero también de empresas y organismos- estén protegidos frente a posibles delitos.
Vehículos interconectados
Los vehículos autónomos han observado un avance marginal en cuanto a tecnología en estos últimos años, focalizándose los esfuerzos en realizar pruebas por parte de las compañías que están promoviendo el desarrollo de los mismos (Waymo, Uber, General Motors, Tesla…) con el objetivo de testar su comportamiento en entornos reales.
Los vehículos autónomos supondrán un gran cambio en la forma en que se entiende el transporte y los agentes implicados en el mismo, debiéndose definir las responsabilidades y límites legales en este paradigma futuro. Se necesitará asesoramiento jurídico desde las etapas primeras de definición hasta la resolución de conflictos una vez estos vehículos estén en circulación.
Al mismo tiempo, los drones no han sufrido grandes avances tecnológicos en los últimos años, pero sí que ha habido un considerable desarrollo de sus componentes (motores más potentes, menor consumo eléctrico, mayor estabilidad, mejor cámara…) habiendo repercutido de forma significativa en la reducción de los precios de los mismos y, por tanto, se han convertido en un producto al alcance de cualquier comprador. En España existe una regulación específica sobre aeronaves no tripuladas, el Real Decreto 1036/2017 que requiere licencias, autorizaciones y seguros específicos según el uso y dron que se vaya a utilizar.
Si bien los drones ya cuentan con aceptación a nivel global y se han dado muchos avances en la regulación de los mismos, continúan existiendo oportunidades para los despachos de abogados para intervenir en los momentos previos a la implantación o uso de esta tecnología, bien sea por particulares o empresas.
Los profesionales jurídicos que trabajen para empresas o bufetes podrán prestar asesoramiento sobre la elaboración de términos y condiciones de uso de producto para fabricantes de tecnología, asesoramiento para la elaboración de cláusulas para la limitación de responsabilidad para los desarrolladores de software y, sobre todo, respecto al tratamiento de datos personales masivos.
