La mejor formación a juristas en un mundo cada vez más interconectado y complejo
El sector legal se encuentra inmerso en un mundo cada vez más complejo e interconectado; tecnificado y especializado. Los profesionales de la abogacía conjugan los tradicionales servicios legales con la prestación de nuevas formas de asesorar y de ofrecer defensa jurídica a unas empresas y una ciudadanía que exige confianza, eficiencia, celeridad y calidad.
Los efectos en el mundo jurídico de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, un universo cada vez más interconectado, la ingeniería genética o las plataformas digitales que se materializan en un mercado cada vez más global y competitivo generan incertidumbres, pero también nuevas necesidades legales que hay que conocer para ofrecer mejores servicios jurídicos.
El desarrollo rápido y generalizado de los servicios digitales ha estado en el centro de los cambios tecnológicos que afectan a los negocios jurídicos y al devenir cotidiano de los ciudadanos. Han aparecido muchas formas nuevas de comunicarse, comprar o acceder a la información en línea que están en constante evolución. Los profesionales jurídicos necesitan conocer tanto la jurisprudencia reciente como la normativa nacional y la legislación europea que, en numerosas ocasiones, evoluciona con retraso frente a la novedosa aplicación de estos avances tecnológicos.
Cuestiones prácticas para bufetes y empresas
La apuesta por la ciberseguridad incrementa la capacidad de prevención de riesgos, la detección de amenazas tecnológicas, la protección y defensa frente a la actuación de los ciberdelincuentes. Estas previsiones tecnológicas son un importante refuerzo para que la transformación digital vaya acompañada de medidas organizativas y técnicas de seguridad, lo que favorece la confianza en el uso de tecnologías digitales por parte de los actores económicos y la ciudadanía.
Por estos motivos la ciberseguridad se convierte en una prioridad para bufetes y empresas que precisan de profesionales especializados en Derecho Digital que aborden la seguridad con una visión integral del entorno, tanto interno como externo, pero que también tengan en cuenta no solo aspectos técnicos si no también organizativos y legales.
Prueba de ello es que el Gobierno ha aprobado recientemente el Plan de choque de ciberseguridad en el marco de un nuevo paquete de medidas ante las ciberamenazas, incentivando entre las empresas privadas la adopción de sistemas, estándares y políticas de gestión de seguridad.
Este procedimiento –recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado ante la UE- también propone aumentar el nivel de seguridad tecnológica de las empresas proveedoras de tecnologías al sector público estatal ante la evidencia de que la ciberseguridad de un organismo también está condicionada a la de sus proveedores tecnológicos.
Toda una apuesta que obliga a las empresas a prestar una especial atención al asesoramiento legal por profesionales cualificados en ciberseguridad.
Prueba digital, la admisibilidad en juicio de las evidencias electrónicas
La evolución de los medios de transmisión de la comunicación en los que han irrumpido nuevos sistemas tecnológicos como el correo electrónico y las aplicaciones de mensajería instantánea está sustituyendo a medios tradicionales como la impresión en papel o el envío postal. Esta situación provoca que cada vez existan más medios de prueba bajo forma de soporte electrónico o digital en los tribunales.
En el caso de la prueba tecnológica, estas aportaciones a los tribunales mediante almacenamiento en soporte digital son cada vez más frecuentes, dejando atrás la realidad que se vivía hace unas décadas en la que este fenómeno era impensable. La nueva situación supone un reto especial para la ciencia jurídica, que en muchas ocasiones no es capaz de evolucionar al ritmo frenético al que evoluciona la sociedad, especialmente en el ámbito tecnológico, técnico y científico.
Las pruebas digitales no poseen una regulación legal propia en España. Hasta el establecimiento de una respuesta jurídica idónea que regule este nuevo fenómeno se aplica por analogía las disposiciones que regulan los medios probatorios tradicionales. Para su correcto tratamiento jurídico, las líneas jurisprudenciales creadas por los tribunales en los últimos años están adquiriendo una trascendental importancia para su correcto tratamiento.
Las posibilidades de manipulación de las pruebas electrónicas son muy variadas y el órgano jurisdiccional debe adoptar todas las cautelas posibles ante posibles alteraciones. Al someterse la prueba electrónica a las reglas de la sana crítica y al ser valorada su validez por el tribunal, los profesionales jurídicos deben facilitar la labor de los jueces para que puedan determinar su certeza.
La prueba digital exige que su incorporación al proceso se realice en soporte documental impreso y en el soporte tecnológico correspondiente, debiendo la parte interesada incorporarla al procedimiento acompañada de todas las evidencias necesarias para garantizar la autenticidad e integridad de su contenido. La aportación de informes periciales informáticos es fundamental.
Los profesionales jurídicos deben conocer todos los requisitos para llevar al proceso judicial este tipo de evidencias que permitan convencer al juez o tribunal sobre la autenticidad de la prueba electrónica aportada y protegerse así ante la hipotética impugnación de la contraparte.
Los smart contracts: oportunidades y retos para el sector legal
El contrato electrónico consiste, al igual que el escrito, en un acuerdo de voluntades que genera obligaciones entre las partes, y por tanto, dichas obligaciones tienen fuerza de ley entre los contratantes.
La tecnología utilizada en los smart contracts y su incipiente regulación normativa son una oportunidad y un reto para los profesionales del sector legal que apuesten por el asesoramiento en Derecho Digital. Lejos de hacer desaparecer la figura del abogado, esta tecnología disruptiva está fomentando que los profesionales jurídicos trabajen codo con codo con perfiles de desarrolladores e ingenieros.
Siguiendo este nuevo camino, el sector de la abogacía deberá aprender a convivir con conceptos como la tecnología DLT (Distributed Ledger Technology), el machine learning, el deep learning o el token criptográfico, conceptos que aún hoy son desconocidos para muchos abogados pero que, sin duda, van a formar parte del día a día de estos profesionales en pocos años.
La formación jurídica necesaria para asesorar en los smart contracts va a ser imprescindible para prestar asesoramiento en la definición de estos contratos y para garantizar la validez legal del clausulado.
El asesoramiento jurídico previo es fundamental para dejar resueltas cuestiones como el uso de firma electrónica en el smart contracts o la acreditación de su autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de su contenido, y por ello deben ser resueltas desde el diseño de dichas herramientas.
La presencia de un experto jurídico también va a ser fundamental para realizar un análisis de las materias o tipologías de contrato donde los smart contracts pueden aportar un mayor valor como pueden ser las actas de sociedades, la actualización de rentas con el IPC, los contratos de servicio/suministros vinculados a índices externos o el establecimiento de stop loss con criptomonedas.
La inteligencia artificial, un marco jurídico necesario
Uno de los principales efectos del Covid19 -que está impactando en la actividad profesional y empresarial- es la gran aceleración tecnológica y la penetración de la inteligencia artificial (IA) en todas aquellas actividades empresariales y de servicios que todavía no se habían incorporado plenamente a la innovación tecnológica.
Los grandes inversores están mostrando un enorme interés por el importante desarrollo de la IA al considerar esta tecnología como una oportunidad de negocio. Al mismo tiempo, esta apuesta inversora favorece un mayor desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones para todos los sectores económicos.
Con la irrupción de la IA todos los profesionales jurídicos tendrán que realizar un cambio de mentalidad y entender que su experiencia y conocimientos legales se mezclarán con la de otros perfiles como ingenieros, matemáticos, expertos en Data Analytics…
Este vertiginoso despegue tecnológico está propiciando una verdadera revolución en la forma de actuar de todos los sectores de la economía, también en la prestación de asesoramiento legal para acompasar estas tecnologías a los requerimientos normativos.
Los conflictos por el uso inadecuado de la IA acabarán impactando en el mundo de la justicia. Baste recordar que un tribunal italiano en una sentencia de finales de 2020 concluyó que el algoritmo utilizado por una empresa de reparto es discriminatorio porque penaliza a los riders por el tiempo que no están conectados en la plataforma, con independencia de la causa. Para el algoritmo es igual que el rider decida ausentarse y no cumplir con un pedido en una franja horaria reservada a que por ejemplo falte por enfermedad o para ejercer el derecho de huelga.
Ante el potencial que la IA exhibe, es necesario establecer unos principios para que esta tecnología siga desarrollándose de manera responsable y segura. En la actualidad están aumentando los sectores e instituciones que exigen ética y regulación en el desarrollo de la inteligencia artificial. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo se plantean la necesidad de legislar su buen uso como una de sus prioridades legislativas.
Impacto de las plataformas digitales, nuevo sistema legal europeo
Uno de los aspectos más destacables del actual proceso de transformación tecnológica en el mundo empresarial es la creciente consolidación de nuevos modelos de organización comercial. El rasgo más distintivo de este nuevo modelo es el marcado protagonismo de las plataformas digitales (como puedan ser Google, Amazon o las plataformas colaborativas), que, aún sin controlar totalmente los factores de producción, influyen significativamente en la creación de valor por su papel de gestor único para un amplio conjunto de bienes y servicios.
Al igual que ha ocurrido con otras industrias, las grandes compañías tecnológicas están cada vez más presentes en el sector de los servicios. A su condición de proveedores de herramientas y soluciones digitales, estas empresas también unen su capacidad para actuar como un canal de distribución de bienes y servicios.
Una de las grandes diferencias respecto de las plataformas tradicionales es que las digitales pueden crecer de forma prácticamente ilimitada, generando economías de escala, y están siempre accesibles para sus usuarios al ser un espacio virtual y ubicuo.
Las nuevas formas de prestar servicios en las que, de una forma u otra, intervienen las plataformas digitales están revolucionando, algunas veces de forma convulsa, este sector económico.
Si bien existe un amplio consenso sobre los beneficios de esta transformación tecnológica, los problemas que surgen tienen numerosas consecuencias para la sociedad y la economía. El comercio y el intercambio de bienes, servicios y contenidos ilegales en línea o la utilización de sistemas algorítmicos manipuladores para amplificar la difusión de desinformación son sólo dos ejemplos del uso perjudicial de estas plataformas. Estos nuevos desafíos y la forma en que son abordados por las plataformas digitales tienen un impacto significativo en los derechos fundamentales en línea.
Desde organismos públicos e instituciones privadas se está promoviendo el desarrollo de marcos regulatorios específicos que ayuden a fomentar una conducta responsable del mercado o de algunos de sus actores clave. Los Gobiernos y la Comisión Europea buscan fórmulas para regular esta actividad.
En España, cabe recordar la reciente publicación en el BOE de la llamada ley de riders, norma por la que el Gobierno ha decretado la obligación de hacer contrato laboral a los repartidores que trabajan para una plataforma digital (Deliveroo, Glovo o Uber Eats) y a informar a los trabajadores por la empresa de los parámetros e instrucciones de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo.
Incluso la normativa europea sobre plataformas digitales –en vigor desde 2020- ya se ha quedado obsoleta y la Comisión Europea tiene encima de la mesa la futura regulación que se aplicará a este sector tecnológico.
Nos encontramos en un momento de enorme trascendencia con las dos propuestas de la Comisión Europea para regular las plataformas digitales: una nueva herramienta de competencia y su regulación ex ante. Los expertos en Derecho Digital tienen que estar formados e informados de esta tramitación cuyo resultado futuro va sin duda a reconfigurar no sólo la normativa de competencia, sino la totalidad de los mercados digitales en la UE.
Retos y oportunidades en un mundo hiperconectado
Caminamos hacia un mundo hiperconectado en el que prácticamente cualquier actividad que desarrollemos estará reportando datos con un posterior almacenamiento y tratamiento de los mismos por compañías tecnológicas o por plataformas digitales.
Ante esta importante presencia tecnológica y conectada entre sí, los principales retos para los profesionales de la abogacía consisten en garantizar la privacidad de las personas y trabajar para conseguir que los fabricantes se responsabilicen en el desarrollo de soluciones seguras.
Una oportunidad para los profesionales jurídicos en su labor de asesoramiento y defensa letrada es el denominado internet de las cosas (IoT), una de las tecnologías que mayor nivel de desarrollo está teniendo en los últimos años.
Es una tecnología basada en la interconexión de objetos en red, mediante la asignación a cada uno de ellos de un identificador único. Se constituye como un dominio en el que pueden interactuar e intercambiar información de forma identificada, por lo que se denomina comunicación máquina a máquina. Atrás queda la idea de que sólo se interconectan ordenadores entre sí; con la IoT se pueden conectar vehículos, electrodomésticos, equipamiento urbano, instrumental hospitalario…
La obtención de información con el uso de esta tecnología y la interactuación con diferentes objetos cotidianos favorecerá la aparición de nuevos servicios técnicos que precisan cobertura legal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con los consiguientes beneficios económicos para empresas. Pero también tiene sus riesgos asociados, y entre ellos se encuentran la privacidad y la seguridad. El papel de los abogados y abogadas será fundamental para la prevención de futuros conflictos y para el asesoramiento previo que evite posibles riesgos legales.
Dentro de este ámbito sectorial tendrá un importantísimo papel el delegado de protección de datos (DPO), figura establecida por el Reglamento General de Protección de Datos que en relación a la actividad de internet de las cosas establece la obligación de su creación por los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
Con el New Law se está logrando la transformación del sector legal mediante la innovación tecnológica y a través de la utilización de nuevos modelos digitales y herramientas especializadas, siempre sin olvidar lo más importante: el cliente. Los profesionales jurídicos no solo deben conocer la práctica del derecho, cada vez es más fundamental saber cómo transformar sus conocimientos jurídicos en datos
Los abogados y abogadas deben conocer bien las tecnologías emergentes y su potencialidad en la economía para poder asesorar ante las nuevas necesidades legales de los clientes y para posicionarse competitivamente frente a otros profesionales.
