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La tecnología blockchain (cadena de bloques) ha supuesto toda una revolución en diversos ámbitos, dado que las diferentes aplicaciones (smart contracts, registros y certificaciones, identidad digital, criptomonedas…) tienen un impacto directo sobre algunos de los aspectos más fundamentales de la sociedad, como son las transacciones económicas, los registros públicos y los contratos entre dos o más partes.

Los contratos inteligentes o smart contracts pueden definirse como aquellos contratos que pueden ejecutarse por sí mismos cuando los valores predefinidos tecnológicamente se cumplen. Se ejecutan de manera automática y autónoma.

Su principal característica es que se trata de un programa informático, con la particularidad de que una vez activados los comandos, secuencias o instrucciones del software programado (todos estos aspectos deben estar recogidos en las condiciones reflejadas en el contrato), las partes no intervienen directamente en la ejecución de su cumplimiento, ya que el contrato se realizará de forma autónoma.

En España los smart contracts han ganado peso al poder ser empleados por cualquier empresa o profesional. Este incremento de su uso establece la necesidad de desarrollar un marco jurídico apropiado.

Utilización de smart contracts

La idea de los contratos inteligentes en el ámbito jurídico es servir para certificar documentos legales de todo tipo, como contratos de tracto sucesivo, actas de junta de sociedades, testamentos, convenios de suministros de servicios… El sistema tecnológico acredita de forma indubitada el contenido de cualquier documento y la fecha de registro del mismo.

Con esta tecnología se consigue dar solución al problema sobre la fecha de creación y registro de documentos, de tal forma que sea imposible poner en duda estos datos. Al mismo tiempo, el contenido quedará registrado en la cadena de bloques.

Los contratos inteligentes están proliferando entre los despachos de abogados y los llamados proveedores de servicios jurídicos alternativos que se ofrecen como intermediarios para la generación y verificación de smart contracts. Estos servicios ofrecen un contrato autoejecutable, inmutable y permanente que facilita a las partes implicadas el cumplimiento del mismo.

Validez jurídica

La configuración técnica del smart contract va a determinar cómo puede verificarse su autenticidad y la validez, necesarias para ser reconocidas posteriormente por el ordenamiento jurídico. La verificación de estos contratos inteligentes se puede realizar de varias formas, entre ellas:

  • En base a un tercero de confianza
  • Por medio de una red de terceros de confianza
  • A través de un fedatario público como puede ser un notario
  • También se puede verificar a través de una red abierta y completamente descentralizada que se apoya en tecnologías como el blockchain

Los smart contracts suponen un cambio radical en la forma en la que se definen y gestionan acuerdos entre partes, y por ello los despachos de abogados están teniendo un papel relevante desde la definición y preparación del terreno de esta tecnología hasta la resolución de conflictos por un mal uso. Estos smart contracts no dejan de ser una versión digital de un contrato tradicional con el añadido de contar con un método de verificación externo, ajeno a las partes implicadas en el contrato.

El principal desarrollo en el ámbito legal en España de esta herramienta se debe a su principal fortaleza: la neutralidad. Gracias a esta tecnología, la ejecución y verificación del cumplimiento del contrato es independiente de las partes implicadas.

El asesoramiento jurídico previo es fundamental para dejar resueltas cuestiones como el uso de firma electrónica en el contrato electrónico o la acreditación de su autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de su contenido, y por ello deben ser resueltas desde el diseño de dichas herramientas.

Actividades de asesoramiento por abogados

smart contracts

En la actual situación del uso de los smart contracts se pueden destacar tres modalidades de asesoramiento y participación de los profesionales jurídicos en las actividades relacionadas con la puesta en marcha y seguimiento de estos contratos:

  • Asesoramiento jurídico en los servicios y herramientas para la definición y gestión de los smart contracts entre las partes del acuerdo como pueden ser la compraventa de propiedades, ofrecer préstamos o pagos automáticos en el sector financiero, la actualización de rentas de arrendamiento con los índices establecidos, el seguimiento de los contratos de arrendamiento…
  • Asesoramiento previo a la suscripción o firma de cualquier smart contracts prestados por los profesionales legales a cualquiera de las partes implicadas en el contrato
  • Implantación para uso interno de despachos con sus clientes en la redacción de contratos con la finalidad de comercializar servicios legales. Ya existen bufetes que prestan el servicio de contratos inteligentes para permitir a sus clientes generar documentos contractuales que ofrecen transparencia, veracidad y seguridad sobre todas sus transacciones gracias a esta tecnología.

También es importante destacar la colaboración de los abogados y abogadas durante el procedimiento de resolución de conflictos relacionados con la ejecución de estos smart contracts mediante la mediación o defensa legal a cualquiera de las partes durante los litigios por producirse alguna infracción, daño o perjuicio por la ejecución del contrato inteligente.

Como ejemplos de esta actividad cabe destacar la participación de los letrados en reclamaciones y litigios relativos a la mala ejecución de smart contracts bien por haber ejecutado incorrectamente los pasos para la verificación de las condiciones de su ejecución o por una definición imprecisa.

Resolución de conflictos

Los abogados también tendrán un papel fundamental en las reclamaciones y litigios relativos a la mala programación de un smart contract o por los daños y perjuicios por manipulaciones de oráculos (herramienta que permite la monitorización y así dar cumplimiento a los compromisos de las partes) o datos empleados en su verificación por parte de agentes ajenos a las partes implicadas.

Estos avances tecnológicos son una oportunidad para su utilización en el arbitraje, por ofrecer grandes beneficios para la resolución de controversias, independientemente de la industria o del sector económico.

La flexibilidad del proceso arbitral permite utilizar el blokchain no sólo para la generación de evidencias sino que incluso puede ser útil para el propio proceso de resolución de controversias aprovechando los beneficios de esta tecnología que garantiza la trazabilidad y no alteración de los históricos.

JUR y Kleros son dos plataformas basadas en blockchain que se han construido con base en la idea de que las tecnologías pueden mejorar la eficiencia, transparencia y reducir los costes en los métodos alternativos de resolución de conflictos.

JUR es un ecosistema basado en blockchain para crear smart contracts y proporcionar justicia rápida para cualquier tipo y tamaño de acuerdo a escala global.

Mientras que Kleros es un protocolo de resolución de disputas en línea que utiliza blockchain y crowdsourcing para juzgar las disputas. Toda la investigación y desarrollo se ofrecen luego como código abierto.

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